El ALCA no nos va a favorecer

La importancia de lo que se negocia en Miami no puede minimizarse, ya que afectará el grueso del comercio exterior del continente y todos los países serán sometidos a fuertes presiones del gobierno de Bush.

Raúl Alfonsín *

Ante todo debemos tener presente que la constitución del ALCA es un objetivo y un instrumento de la política exterior de los Estados Unidos que apunta a la apertura de los mercados de América para su oferta exportadora. Esta política refleja sin lugar a dudas la existencia de un importante consenso interno en dicho país y debe ser considerada como una política de Estado. El objetivo aparente es el de constituir una zona de libre comercio en la que se eliminen progresivamente las barreras al comercio y a la inversión. La significación de la negociación no puede minimizarse: afectará de una u otra manera el grueso del comercio exterior de todos los países del continente. Pero Washington no limita su ambición a negociar dentro del ALCA temas comerciales. Quiere que los países miembros del ALCA se comprometan a asumir compromisos diseñados a medida de sus propios intereses en temas muy diversos como compras gubernamentales, inversiones, propiedad intelectual, medio ambiente y normas laborales. (¡Nada menos!) En el ALCA no existe la posibilidad de constituir alianzas que contrapesen el inmenso poder americano. México y Canadá, miembros del NAFTA, tienen economías íntimamente ligadas al mercado americano y responden a otra lógica de intereses. Asimismo es bien conocida la dependencia que tienen de Estados Unidos muchos países caribeños y centroamericanos. No se puede esperar de ellos actitudes de heroísmo en negociaciones comerciales, cuando la prosperidad o subsistencia de sus pueblos depende del acceso al mercado americano. Se trata de países sumamente vulnerables y dependientes que no cuentan con la posibilidad de construir mercados nacionales y que están ubicados en una región donde se siente todo el peso económico y político de la principal potencia del planeta. La salida de algunos de dichos países del G22 durante la discusión de la Organización Mundial del Comercio de Cancún debe señalarnos que no se puede esperar otra cosa en el ámbito del ALCA. Es decir que nos enfrentamos ante el claro desafío de que se constituya en América un sistema aún más hegemónico que el actual. Ello implica, por un lado, la existencia de un Estado que cuenta con la capacidad de imponer a los otros la estructura normativa que determinará las reglas del juego económico-comercial en América. Por el otro, nuestros empresarios deben tomar conciencia de que el Estado hegemónico otorgará una ventaja adicional a sus poderosas "megaempresas": la capacidad de obtener beneficios adicionales no previstos por el mercado a través de la presión política. Tampoco podemos dejar de reconocer la capacidad que tienen el gobierno y las empresas americanas para influir desde adentro de nuestros propios países sobre las discusiones y definición de posiciones. La relación es asimétrica y seremos sometidos a fuertes presiones propias de la administración del presidente Bush, convertido en un grave riesgo para el mundo.

Con agenda impuesta

Las negociaciones comerciales internacionales reflejan una situación coyuntural: la guerra sin tiempo originada en la invasión a Irak, el bloqueo de las negociaciones comerciales y un cambio estructural: la emergencia de nuevos protagonistas de peso intermedio.  El fracaso de la 5ta. Conferencia Ministerial de la OMC no implica el fin de las negociaciones, simplemente señala que el esfuerzo negociador de las principales potencias comerciales posiblemente será reconducido hacia otros ámbitos. El resultado de la reunión de Cancún no debió sorprender a nadie. Era evidente que las principales potencias comerciales (la Unión Europea, Estados Unidos y Japón) intentaban imponer una agenda negociadora sin comprometerse a contraprestación alguna. Aceptar el menú negociador propuesto por las principales potencias hubiera significado para los países emergentes limitar su capacidad de conducir políticas de desarrollo autónomas sin recibir compensación alguna en el plano comercial. Es decir que el fracaso de Cancún impidió que se agudice la injusta normativa que regula el comercio internacional, pero también tiene sus costos: aumenta el peligro del bilateralismo y el cambio en la toma de decisiones, que podría no ser en adelante por consenso. Pero el más grave problema es que el Congreso de los Estados Unidos otorgó al Poder Ejecutivo un mandato negociador particularmente rígido en los temas que más interesan al Mercosur, a saber: defensa comercial y agricultura para las negociaciones que encare en el ámbito multilateral de la OMC, regional del ALCA o bilateral. En materia de defensa comercial, se instruye a los negociadores que deben preservar la facultad de los Estados Unidos de aplicar rigurosamente sus leyes comerciales, incluyendo antidumping y derecho compensatorio.

….No nos va a favorecer

De esta manera se busca que los acuerdos comerciales con terceros no limiten la capacidad de Washington de actuar de manera unilateral. Cabe señalar que paradójicamente el mismo mandato negociador, tan respetuoso de la soberanía americana, exige a los negociadores de Estados Unidos que obtengan importantes modificaciones en las legislaciones internas de otros países para que se ajusten a la normativa americana en temas como inversiones y propiedad intelectual. En materia agrícola, el mandato negociador requiere que para mejorar las condiciones de acceso se debe cumplir con un mecanismo de consulta previa con el Congreso de dicho país que reducirá aún más la capacidad de otorgar concesiones en productos de interés del Mercosur. Es decir que en el marco de las negociaciones del ALCA se corre el peligro de que se nos imponga la agenda negociadora de las principales potencias comerciales sin lograr concesiones de significación en los temas que interesan al Mercosur. En este contexto nuestros países no deben quedar inmovilizados ante el desafío externo. Deben reaccionar de manera pro activa. En este marco, resulta indispensable generar una dinámica intraregional que permita al Mercosur ser un polo de atracción económica comercial para toda América del Sur, similar al que constituye China en Asia. Las negociaciones comerciales con algunos países andinos y los esfuerzos por crear una infraestructura física que nos una en un vigoroso mercado regional son pasos indispensables, aunque pienso que llegarían demasiado tarde como para pesar sobre las actuales negociaciones del ALCA. Es imprescindible asimismo fortalecer la cohesión interna del Mercosur para poder defender con claridad los intereses de la región. Todos conocen la postura del presidente José Sarney y mía respecto a la concepción neoliberal y la lucha contra la globalización insolidaria. El esquema de integración que nosotros propusimos era esencialmente político y no meramente comercial. El Mercosur que soñamos era un ámbito de solidaridad y paz en el cual se preservaban la democracia y las garantías individuales y no meramente un mercado. Como señalé, el Trade Promotion Authority, mandato negociador aprobado por el Congreso de los Estados Unidos, otorga al Poder Legislativo de dicho país la capacidad de participar activamente en el proceso negociador del ALCA generando una nueva asimetría institucional. Al permitir que el Poder Legislativo norteamericano pueda constantemente reducir u objetar los compromisos asumidos por los negociadores del Poder Ejecutivo de Estados Unidos, se obliga a nuestros negociadores a tener que superar dos instancias negociadoras (Ejecutivo y Legislativo). Esto destaca la necesidad de que el Mercosur fortalezca su esquema institucional para dar respuesta a este nuevo desafío. Simultáneamente debemos impulsar las negociaciones con los países del mundo que están realmente dispuestos a mejorar las condiciones de acceso para nuestros productos. El mundo que nos toca vivir nos presenta desafíos pero también abre las puertas a grandes oportunidades. Finalmente, si el resultado de las negociaciones no permite recibir contraprestaciones suficientes como para justificar los costos que representa la constitución del ALCA, nos queda el último recurso: poder decir que no, monosílabo que distingue a los pueblos libres respecto de los sometidos.